LaGuachimana.org

La igualdad de mujeres y hombres: algunos aspectos de la ley orgánica 3/2007

Autora: Jasone Astola Madariaga

Hasta la STC 12/2008 había dudas sobre la constitucionalidad de la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Este trabajo pretende esclarecer la pertinencia y necesidad de una ley de estas características y para ello reflexionaré sobre tres aspectos íntimamente relacionados: la definición del principio democrático y su relación con la reformulación del sujeto constitucional y el sentido del mainstreaming en este contexto.

Las mujeres no estábamos presentes en el Estado y parece hacerse evidente que no se debe a actuaciones individuales, propias de la autonomía de la voluntad sino a una mala formulación en inicio del principio democrático que no se ha corregido en estos últimos siglos[1].

Autora: M.ª del Mar Esquembre

Una colega de la UNED me contaba el pasado lunes que al día siguiente no la podría localizar en el teléfono de su despacho porque celebraban un homenaje a las rectoras de las universidades públicas españolas. Pues será corto, pensé, porque de las 48 universidades públicas sólo 3 tienen actualmente rectoras; pobre balance si tenemos en cuenta que el acceso a la educación superior se autoriza en España definitivamente a las mujeres en 1910. Pero no. Las homenajeadas fueron 10, el número total de mujeres que han llegado a ser rectoras en el sistema público de universidades hasta hoy. La primera rectora (en 1982, de la UNED, por más señas) fue Elisa Pérez Vera, actual magistrada del Tribunal Constitucional. Curiosamente llegó a ser la máxima autoridad debido a una exclusión por ser mujer, pues la carrera diplomática, que era su deseo, estaba vedada a las mujeres. Lo mismo le pasó a Rosa Virós, ex rectora de la Pompeu Fabra, que tuvo que renunciar a la judicatura, profesión reservada a los varones en España hasta 1966, por haber nacido mujer. Eso la decidió a dedicarse a la Universidad, aunque a punto estuvo de no ser catedrática porque un miembro del tribunal de la cátedra a la que optaba le dijo que a los 50 años ya era demasiado mayor y que no le hacía falta ser catedrática porque ya lo era su marido. Otras, a las que me consta les han hecho comentarios similares, no han tenido esa suerte.

Autora: Rosario Valpuesta

El Tribunal Constitucional ha declarado la legitimidad de la Ley Integral contra la Violencia de Género en un aspecto importante: el agravamiento de las penas por lesiones y amenazas cuando el agresor es un varón. Esta medida ha sido cuestionada por un sector importante de la sociedad y por un número significativo de juezas y jueces al entender que vulnera el principio de igualdad consagrado en el art. 14 de la Constitución. En efecto, con la misma se consagra una disparidad de tratamiento a los hombres respecto de las mujeres, pero sin embargo se pone un pilar en la igualdad efectiva de éstas. Una contradicción que es más aparente que real.

Autora: Elena Alvites

Para la Defensoría del Pueblo la separación de la cadete María del Pilar Abad Calderón de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú de Piura por encontrarse embaraza constituyó una medida irrazonable que afectó sus derechos fundamentales; en particular, los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la educación en condiciones de igualdad y al trabajo. También constituyó un grave supuesto de discriminación en contra de las mujeres al interior de los centros formativos de nuestra Policía Nacional. Por ello, se intervino en el proceso de amparo iniciado ante el Poder Judicial para la defensa de dichos derechos y se informó a la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Piura nuestra posición institucional.