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Autora: Olga Fuentes

El pasado 14 de mayo, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) avaló definitivamente la constitucionalidad de la que conocemos como “Ley Integral de Violencia de género”. Recordaré, para quien lo haya olvidado –la justicia es lenta-, que dicha Ley fue aprobada en 2004 por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Conviene recalcar este matiz porque la pasada, no fue, precisamente, una legislatura marcada por el consenso, constituyendo éste uno de los contadísimos ejemplos en que se alcanzó.